Rico Rodrigues Lun, 12/08/2014
El 26 de septiembre, una protesta de estudiantes en Iguala, una ciudad de más de 100.000 habitante, en el estado de Guerrero en el suroeste de México, fue salvajemente reprimida por la policía abriendo fuego contra los manifestantes. Seis personas murieron y muchas más resultaron heridas y cuarenta y tres estudiantes fueron detenidos. Desde entonces ninguno de ellos ha sido visto de nuevo.
El 8 de noviembre, el fiscal general anunció a los medios que la policía había entregado a los estudiantes a delincuentes, quienes luego los asesinaron e incineraron sus cuerpos. Desde este anuncio, México ha entrado en un estado de creciente ira. La escala y el descaro de los acontecimientos conmocionaron al país y lo hicieron entrar en acción, con decenas, y luego cientos, de miles de personas en las calles exigiendo justicia, el fin de los asesinatos y la corrupción y, finalmente, la dimisión del Presidente Enrique Peña Nieto.
Los 43 estudiantes de Ayotzinapa
Ayotzinapa es un pequeño pueblo de sólo 84 habitantes en el estado mejicano de Guerrero. El colegio de formación docente situado en el pueblo, la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, es conocido por el radicalismo de sus estudiantes. El 26 de septiembre un grupo de estudiantes de esta escuela fue a Iguala, una ciudad vecina. Su objetivo era llegar a Ciudad de México para participar en una manifestación para conmemorar la Masacre de Tlatelolco, en 1968, en la cual fueron asesinados por la policía entre 200 y 300 estudiantes. Para ello querían recaudar dinero manifestándose, un método común de protesta y a la vez de captación de fondos, que era una práctica conocida por los estudiantes en Iguala y otros lugares de México.
Lo que ellos no sabían era que esta vez el alcalde de Iguala no estaba dispuesto a dejar que se llevara a cabo ninguna protesta en la ciudad. La razón era que su esposa estaba planeando iniciar su campaña electoral ese mismo fin de semana, aspirando al cargo de su marido para la próxima legislatura. José Luis Albarca ordenó a su policía que reprimiera las protestas de cualquier manera. Los oficiales obedecieron. Se enfrentaron a los estudiantes y abrieron fuego contra ellos. Tres estudiantes y otras tres personas, quienes al parecer no participaban en la protesta, fueron asesinados. Muchos resultaron heridos y los 43 fueron detenidos.
Después de un mes de investigación, el 8 de noviembre, el fiscal general del país, Jesús Murillo, anunció en una conferencia de prensa en Ciudad de México lo que muchos no podían creer. Los estudiantes, al parecer, fueron entregados por la policía a miembros del cártel de Guerreros Unidos. Tres miembros de Guerreros Unidos fueron posteriormente arrestados y revelaron el caso a la policía. Según la versión oficial, los delincuentes llevaron a los estudiantes hasta el vertedero de la vecina ciudad de Cocula. Por el camino, cerca de 15 estudiantes murieron por asfixia en el vehículo de transporte. Los supervivientes fueron asesinados con un tiro en la cabeza, y todos ellos fueron quemados en el vertedero.
Sin embargo, hasta ahora, esta versión de los hechos no ha sido oficialmente confirmada. Hasta ahora, las investigaciones no han encontrado ninguna evidencia definitiva de los restos de los asesinados en el vertedero. La asociación de padres y madres de los estudiantes desaparecidos anunció que no creerán la historia hasta que se encuentren pruebas y acusó al fiscal general de tratar de cerrar el caso tan pronto como fuera posible.
José Luis Albarca, alcalde de Iguala, que fue denunciado por agentes de la policía por haber dado las órdenes de entregar a los estudiantes a la mafia de la droga, huyó el 22 de octubre junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, cuando se emitió una orden para su arresto. Como ya ha sido oficialmente reconocido, ambos tenían estrechos vínculos con el crimen organizado. Las investigaciones revelaron que María Pineda estuvo a cargo de las finanzas de Guerreros Unidos en Iguala. Dos de sus hermanos fueron miembros fundadores de la organización criminal y habían sido asesinados en luchas internas. Tras lo cual ella asumió el control del negocio.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Las noticias sobre corrupción, vínculos entre políticos, la policía y el crimen organizado, órdenes de asesinatos y secuestros no fueron una sorpresa para el pueblo de México. Más de 120,000 personas han muerto por crímenes violentos en México y hay 27,000 desaparecidos, desde principios de 2007, cuando comenzó la intervención militar en una supuesta “guerra contra las drogas”. Pero el caso de los estudiantes de Ayotzinapa fue demasiado cruel, demasiado brutal y demasiado increíble para soportarlo. Millones de personas se preguntaron: ¿Cómo es esto posible?
Antes de Ayotzinapa, supuestamente todo estaba mejorando en México. El Presidente, Peña Nieto, estaba decidido a llevar a cabo un programa de reformas, incluyendo la “apertura” del sector petrolero. Las compañías petroleras internacionales, sobre todo las de Estados Unidos, y los especuladores ansiaban que esto sucediera. Peña Nieto fue elogiado por la prensa capitalista internacional por esta iniciativa. The Economist proclamó con entusiasmo que éste era “El Momento de México”.
Desde Ayotzinapa todo ha cambiado. El país se enfrenta a una de las más masivas olas de protesta jamás vistas. El 11 de noviembre los manifestantes incendiaron en Chilpancingo (capital de Guerrero) la oficina local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido del Presidente Peña Nieto. Un día antes, los estudiantes, profesores y familiares de los desaparecidos ocuparon el aeropuerto de la ciudad turística de Acapulco. En Ciudad de México, después de varias protestas, se prendió fuego a las puertas del Palacio Nacional, y en el estado de Michoacán fue atacada la oficina del partido derechista Partido de Acción Nacional (PAN).
La mayor protesta de masas tuvo lugar el 20 de septiembre, cuando la Asociación de padres y madres de los estudiantes desaparecidos convocaron una manifestación nacional en Ciudad de México. La policía habló primero de 15,000 participantes, luego de 30,000 y finalmente tuvo que admitir que más de 100,000 personas se unieron a la protesta en El Zócalo (plaza principal) de la ciudad.
Varias delegaciones sindicales participaron también en la protesta. El sindicato de los trabajadores de Telmex (empresa de telecomunicaciones) organizó un paro de cuatro horas en solidaridad ese mismo día. Otros sindicatos presentes fueron el sindicato nacional de trabajadores de banca, el sindicato de trabajadores de la universidad, STUNAM, y la asociación sindical de pilotos aviadores. Durante ese día también hubo una reunión de representantes de estudiantes, sindicatos y otras organizaciones en la oficina del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, para coordinar las siguientes acciones, incluyendo la convocatoria de una huelga de 24 horas para el día 1 de diciembre.
Ese día, otra ola de protestas sacudió el país. Hubo protestas en al menos 10 estados mexicanos. Aparte de la solidaridad y la ira al respecto de los 43 estudiantes desaparecidos, la demanda para que el presidente Peña Nieto dimitiera fue más visible. En Ciudad de México, donde millares protestaban de nuevo, un representante de los padres y madres de los estudiantes rechazó el intento del presidente para calmar la situación: “tuvimos que dejar nuestros trabajos, tierras y casas para ir a buscar a nuestros hijos, porque el estado no lo hace. […] Quiero decirle a Peña Nieto que él no es Ayotzinapa; ¡tenemos dignidad!”. También denunció la tentativa del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de silenciarlos con dinero.
En Chilpancingo y también en Acapulco, los manifestantes cerraron los distritos comerciales. En Michoacán, las vías de acceso a la ciudad de Lázaro Cárdenas y su zona industrial fueron bloqueadas en una protesta organizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Y en Oaxaca, el aeropuerto internacional “Benito Juárez” fue ocupado por activistas de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).
En todo el país, se sumaron a las protestas, entre muchos otros, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la recién creada Coordinadora Nacional de Estudiantes (CNE). Muchos estudiantes, maestros y profesores de todo el país secundaron la huelga.
¿Qué está en juego en México?
El caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos ha puesto el foco sobre la mala situación del estado capitalista mexicano. Todo el mundo sabe que esto es sólo la punta del iceberg. Durante la búsqueda de los cadáveres, se encontraron muchos otros cuerpos (oficialmente 38 por ahora), y se anunció que al menos 30 estudiantes ya habían desaparecido en julio en Cocula, la misma ciudad en la cual los estudiantes de secundaria de Ayotzinapa supuestamente fueron secuestrados y asesinados. En junio de 2013, tres líderes campesinos de Guerrero, Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román, fueron asesinados por los cárteles de la droga.
Lamentablemente estos casos no son excepciones, sino sólo unos pocos ejemplos individuales. Desde que se declaró la “guerra contra las drogas” en 2006 por el ex presidente Felipe Calderón (PAN), decenas de miles de personas han sido asesinadas. Los números oficiales oscilan entre 60,000 y 80,000, otras estimaciones alcanzan hasta 120,000 o incluso más. El país ha sido fuertemente militarizado.
La guerra contra las drogas era en realidad una guerra social, llevada a cabo como resultado de la presión de los Estados Unidos. Como la Prohibición en los Estados Unidos en los años 20 y 30, sólo ha incrementado el tamaño del comercio ilegal, las ganancias y la violencia de las bandas en sus guerras internas y contra el estado. El uso que hizo Calderón del ejército sólo aumentó la masacre y dio cobertura al estado para señalar como objetivos a estudiantes y trabajadores que luchan por sus derechos.
La única manera de finalizar estas devastadoras consecuencias para México es legalizar las drogas y además lanzar una guerra contra la pobreza y el desempleo masivos, terreno abonado para el consumo de drogas, creando milicias populares armadas para proteger a las comunidades y desarmar tanto a las bandas de los capos del narcotráfico como a la policía.
La llamada guerra contra las drogas es en realidad una guerra contra los pobres, quienes sufren la violencia de ambos lados, los cárteles de la droga y el estado. Es un gran negocio para la maquinaria de guerra de Estados Unidos, que vende armas a los delincuentes y al ejército mexicano.
Esta política ha generado enormes beneficios para las empresas participantes, pero no ha cambiado nada en el mercado de drogas y el poder de la delincuencia organizada. Al contrario, el caso de Ayotzinapa demuestra cómo de estrechamente conectados están la política, la policía y la delincuencia. La “guerra contra las drogas” es evidentemente un gran desastre.
Los dos partidos mexicanos de derechas, el PRI y el PAN, están involucrados en el conflicto pero también lo está el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1989, entonces un partido populista de izquierdas con el objetivo de limpiar la política mexicana. También se ha hundido en el pantano de la corrupción y la violencia como lo demuestra el hecho de que el alcalde de Iguala y su esposa eran ambos miembros del PRD, ¡que les apoyaba!
Y también lo era el gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero, quien dimitió el 24 de octubre. El Presidente, Enrique Peña Nieto, del PRI, también está involucrado en un escándalo de corrupción relacionado con una residencia privada, que el presidente estaba adquiriendo para él y su esposa, de una empresa constructora que había recibido rentables contratos por parte del gobierno.
México es la segunda mayor economía de América Latina, después de Brasil y uno de los más importantes socios comerciales de Estados Unidos. Desde que los Estados Unidos, Canadá y México firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en 1994, muchas empresas estadounidenses subcontrataron su producción a México para beneficiarse de los bajos salarios y las deficientes leyes de protección de los trabajadores. Por otro lado, las empresas agrícolas de Estados Unidos exportan alimentos subvencionados a México, arruinando los medios de vida de cientos de miles de agricultores locales. Las empresas mineras canadienses vienen al país para explotar los recursos y a los trabajadores y dejan atrás los desastres ecológicos.
Todo esto fue presentado como un gran beneficio para el país y su desarrollo. De hecho, México es un país rico. Sin embargo, los datos oficiales indican que una cifra tan grande como el 52% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Según la Comisión Económica para América Latina, este número aumentó incluso desde el 42% en 2006 al 52% en 2012, de la mano de la “guerra contra las drogas”.
¡México necesita una revolución!
Todo este revela que México se enfrenta, no sólo a una crisis política episódica, sino a una crisis fundamental de la maquinaria del estado, sus instituciones, los principales partidos, la policía, el poder judicial y, en definitiva, el sistema capitalista. Las masas ya no confían en nadie, ya sea la policía, los políticos o los jueces. Están llenos de una ira que puede verse en las manifestaciones.
Ya en 2012 la gente había comenzado a organizar grupos de autodefensa para defenderse no sólo de los narcotraficantes, sino también de policías corruptos, sobre todo en los estados de Guerrero y Michoacán. En Guerrero fundaron una Asamblea Nacional Popular, que se basa en comités locales, organizaciones de estudiantes y docentes. Con el fin de coordinar mejor las protestas la Asamblea Interuniversitaria y la Coordinadora Nacional Estudiantil (CNE) fueron fundadas por los estudiantes.
Ya hay una larga y rica tradición de organización local de protesta durante las últimas décadas en México. Sólo tenemos que recordar el levantamiento de los Zapatistas en Chiapas, que defienden hasta hoy sus territorios autónomos, o la Asamblea Popular de Oaxaca (APO), que creó el embrión de una organización de contrapoder a las instituciones oficiales del estado. En los últimos años también hubo grandes luchas de trabajadores en los sectores del petróleo, la electricidad y la minería, contra la violación de derechos de los trabajadores y los planes de privatización del gobierno (los cuales, sin embargo, permanecen en la agenda). Hasta ahora, esta acumulación de luchas populares y obreras no ha producido nuevos partidos políticos como en otros países de América Latina (Venezuela, Bolivia, Brasil…).
La hora está madura para organizar un partido revolucionario. La simple pero remarcable caracterización de Lenin de una situación revolucionaria: los de arriba son incapaces de gobernar y los de abajo se niegan a que los gobiernen, ciertamente se está aproximando en México.
El partido de la izquierda reformista Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que se originó de una escisión del PRD y que es liderado por el ex candidato presidencial Andrés López Obrador, intenta presentarse como una alternativa. Éste es sin duda uno de los mayores peligros frente a una alternativa revolucionaria, ya que Morena representa algo de poder institucional y también apoyo, pero quiere renovar la maquinaria del estado capitalista en lugar de aplastarla.
Lo que se necesita en México es un liderazgo que se construya desde abajo, que reúna las experiencias de los últimos años, conectando las protestas estudiantiles con las luchas de los trabajadores y los campesinos y que culmine en un programa revolucionario para el derrocamiento del capitalismo. Es urgente coordinar las organizaciones existentes y discutir las perspectivas para las protestas, incluyendo:
La organización de una huelga general indefinida para derrocar al gobierno.
Generalización y coordinación de la experiencia de organización de autodefensa. ¡No más confianza en la policía capitalista y el aparato del ejército! ¡Constituir consejos de soldados para que luchen al lado de la gente!
¡Por un tribunal elegido por el pueblo para llevar a cabo una investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes y la colaboración en los hechos de los gobiernos locales, la policía y los cárteles criminales!
¡Constituir consejos de trabajadores y campesinos para coordinar y dirigir la lucha y arrancar el poder de las manos de la policía, la judicatura, la burocracia estatal y la clase capitalista!
Por un gobierno de obreros y campesinos, basado en los consejos y los grupos de defensa popular. Cargar contra la fuente de la corrupción, la miseria y la injusticia: ¡el sistema capitalista!
Obviamente, tal movimiento revolucionario debe discutir los próximos pasos, las medidas urgentes para poner fin a la miseria de millones de mexicanos: un salario mínimo basado en las necesidades reales de los trabajadores y campesinos, un plan de trabajo para todos, la expropiación de los capitalistas, los ricos y los propietarios (latifundistas) etc.
En esto los trabajadores, estudiantes y campesinos mexicanos no están solos, sino que son parte de una protesta en todo el mundo, que está reconociendo cada vez más que el sistema capitalista no está presentando una solución para los crecientes problemas de la sociedad. Una “democracia real” sólo puede ser realizada por un movimiento revolucionario, que constituya un gobierno basado en la auto-organización de los trabajadores. Esto debe culminar en un movimiento mundial y organizarse en un nuevo partido revolucionario mundial, una Quinta Internacional.